El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) multó a Telcel, uno de los principales proveedores de servicios móviles de México, con $90.6 millones por prácticas que restringen la libre competencia en el mercado. Según el IFT, la empresa incurrió en conductas monopólicas al ofrecer incentivos a distribuidores para bloquear la venta de productos de sus competidores en los estados de Michoacán, Colima y Jalisco.
El IFT señala que Telcel brinda descuentos y beneficios a ciertos canales de distribución, condicionando la venta de paquetes de telefonía móvil a que productos de otras empresas competidoras no estén disponibles en el mercado. Esta estrategia, señaló el regulador, perjudicaba los derechos de los consumidores al limitar su capacidad de elegir entre diferentes opciones de servicios de telefonía móvil.
La investigación que condujo a esta sanción comenzó en enero de 2021 y concluyó con un informe de causa probable a fines del año pasado. Telcel tuvo la oportunidad de impugnar esta resolución y presentar su defensa durante el juicio.
Por su parte, América Móvil, conglomerado propietario de Telcel, anunció su intención de apelar la multa. En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, la empresa negó las acusaciones y cuestionó la forma en que se llevó a cabo la investigación, diciendo que los reclamos en su contra se basaban en declaraciones de un competidor.
Telcel mantiene una posición dominante en el sector de telefonía móvil de México, operando aproximadamente el 58,7% de los 142,7 millones de líneas móviles registradas en el país. Al cierre del cuarto trimestre de 2023, la compañía reportó ingresos por 62.673 millones de pesos, lo que representa una participación de mercado del 69,1%.
El IFT enfatizó la importancia de los organismos reguladores para garantizar un mercado competitivo. Esta sanción resalta el papel crucial que juegan estas entidades en la promoción de condiciones de libre competencia en México, especialmente en el contexto de discusión de la posible reforma que busca eliminar los organismos autónomos, incluido el IFT.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto una ley que podría hacer desaparecer al IFT y otras instituciones independientes, argumentando que representan un gasto innecesario para el gobierno. Según el Presidente, estas entidades no están cumpliendo adecuadamente con su objeto, habiendo recibido más de 32.313 millones de pesos desde su creación.
La posible abolición del IFT ha generado preocupación entre los expertos, quienes advierten que podría significar un revés para las industrias reguladas y afectar políticas establecidas en acuerdos comerciales como el T-MEC. Aunque los impulsores de la reforma aseguran que no afectará las obligaciones del país en el comercio internacional, el debate continúa.
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados ya aprobó las normas en general, y la decisión final sobre la continuidad o eliminación del IFT dependerá de la próxima legislatura, que inició sus funciones el 1 de septiembre. Con una mayoría calificada asegurada por el partido gobernante, la situación del IFT y otros organismos autónomos se encuentra en un punto crítico.
