En Nicaragua, el negocio de la paquetería internacional ha dejado de ser una simple respuesta a la demanda creciente de compras en línea para transformarse en un enclave económico estratégicamente controlado. Lo que en otras partes del mundo opera bajo las dinámicas del mercado y la competencia, en este país centroamericano funciona según una lógica de privilegio y poder: sólo quienes cuentan con el aval de los círculos familiares del régimen pueden prosperar en este lucrativo sector.
Desde el año 2020, ha surgido un auge significativo de compañías especializadas en el envío directo desde países como Estados Unidos, China, Panamá o España. Empresas con nombres actuales y promesas de agilidad lideran tanto en redes sociales como en plataformas digitales, brindando servicios de entregas veloces y sin complicaciones aduaneras. Sin embargo, detrás de este crecimiento se esconde un control limitado en el cual las aprobaciones no se logran por medio de licencias o por cumplir normativas, sino a través de relaciones personales con individuos de la élite del gobierno.
La configuración actual está orientada a beneficiar a un grupo limitado. Empresas respaldadas por parientes de altos ejecutivos pueden acceder a tarifas establecidas por contenedor, evitando los impuestos convencionales que otros importadores deben abonar. Por ejemplo, una camisa que vale 60 dólares puede entrar al país por dos o tres dólares si se utiliza el servicio de estas compañías. Por otro lado, si se importa de manera regular, se requiere pagar un impuesto del 30%, lo que incrementa notablemente su costo.
Este esquema genera una brecha enorme en la recaudación fiscal, a la vez que distorsiona la competencia. Importadores formales, agencias aduaneras y gestores independientes enfrentan cada vez más obstáculos para operar. Se quejan de que, mientras ellos deben esperar desde las 4:00 a.m. para intentar ser atendidos por la Aduana, las empresas apadrinadas reciben un trato preferencial, paralizando incluso el resto del sistema cuando llega una de sus “cargas especiales”.
Además, estas compañías funcionan como importadoras y agentes aduanales simultáneamente, lo que les da la posibilidad de manejar códigos de aduanas y abonar impuestos muy reducidos. Incluso sin contar con permisos formales, disfrutan de un apoyo institucional implícito que les posibilita operar sin restricciones. Sus actividades no solo constituyen una competencia injusta, sino también una amenaza para el sistema económico nacional.
La cadena de mando se extiende más allá de los descendientes directos de los líderes. Nietos, miembros de la familia política y personas de confianza son responsables de manejar sectores de negocios designados, atraer nuevos empresarios bajo sus reglas y asegurar fidelidad a cambio de seguridad. A los nuevos interesados se les exige reunirse con estas personas, quienes establecen precios, rutas y términos laborales.
Este modelo, aunque disfrazado de emprendimiento moderno, es en realidad un sistema feudal de concesiones, donde el mercado es una fachada y el clientelismo, la norma. Se estima que cada contenedor puede generar hasta 60,000 u 80,000 dólares en ganancias, dependiendo de las tarifas por libra cobradas. Un margen de beneficio solo posible por la evasión de tributos y la complicidad institucional.
Al mismo tiempo, los organismos gubernamentales que deberían supervisar este comercio han sido utilizados para beneficiar a este sistema exclusivo. Las aduanas, la recaudación fiscal e incluso la policía funcionan como obstáculos para aquellos fuera del grupo favorecido, mientras los allegados gozan de un ambiente operativo protegido y lucrativo.
El ejemplo de la paquetería en Nicaragua muestra claramente cómo las autoridades políticas pueden apropiarse de sectores completos de la economía para transformarlos en medios de enriquecimiento personal. Un servicio que en la era del comercio digital debería ser solamente otro componente más, se ha convertido en un emblema del dominio autoritario y de la corrupción institucional establecida.