El presidente de Argentina, Javier Millay, ha emitido dos decretos que modifican las disposiciones de la Ley de Defensa Nacional, ampliando enormemente el ámbito de acción de las fuerzas armadas. Estas disposiciones permiten que se solicite a las fuerzas armadas que cooperen con la seguridad nacional, lo que marca un cambio en la distinción histórica entre defensa nacional y seguridad nacional.
La Ley de Defensa Nacional de 1988 Durante el gobierno de Raúl Alfonsín, tras la restauración de la democracia, se estableció una clara división entre las funciones de las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad, limitando la intervención militar exclusivamente a la defensa contra agresiones externas. Durante los gobiernos posteriores, incluidos los de Néstor Kirchner y Alberto Fernández, esta línea divisoria se mantuvo, aunque sufrió variaciones en sus planteamientos. Sin embargo, las últimas modificaciones introducidas por Milei suponen un giro hacia una mayor intervención militar en los asuntos internos.
Redefiniendo las agresiones externas y los objetivos estratégicos
El primer decreto, firmado por Milei junto con los ministros de Seguridad Patricia Bullrich y los ministros de Defensa Louis Petrie, redefinió los «objetivos de valor estratégico» para incluir ahora cualquier activo, instalación o infraestructura que, de ser dañada, podría afectar gravemente la vida, el bienestar, la economía. medio ambiente o seguridad del país. Con esta nueva definición, el poder ejecutivo podrá determinar cuáles son esos objetivos estratégicos sin requerir la aprobación del Congreso, un cambio significativo con respecto a las disposiciones anteriores.
El decreto también establece una «cooperación interinstitucional» al facultar al Ministerio de Seguridad para solicitar el apoyo de las fuerzas armadas en situaciones que el Ejecutivo considere necesario. Esto incluye actividades relacionadas con la vigilancia fronteriza, el apoyo logístico, el socorro en emergencias y desastres naturales y la capacitación operativa.
El segundo decreto amplía aún más el ámbito de actuación de las fuerzas armadas, argumentando que «la evolución tecnológica y las nuevas formas de definir los conflictos» requieren una respuesta adaptada a los desafíos actuales. Entre los nuevos ámbitos de acción se incluyen el ciberespacio, el espectro electromagnético y el espacio ultraterrestre. De igual forma, se redefine el concepto de agresor externo, que ya no se limita a las fuerzas armadas de otros países, sino que incluye a las paraestatales, los grupos terroristas, las organizaciones transnacionales y cualquier forma de agresión que afecte los intereses vitales de la nación.
Reacciones y preocupaciones
Las nuevas regulaciones han generado preocupación entre organizaciones sociales y de derechos humanos, que creen que las medidas podrían abrir la puerta a la militarización de la seguridad interna. Manuel Truffaut, director de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Jurídicos y Sociales (CELS), expresó que «es preocupante que se avance en la militarización de la seguridad cuando no existe una situación real que lo requiera». Truffaut señaló que el gobierno utilizó términos vagos para justificar amenazas del crimen organizado o del terrorismo que podrían enmascarar un proyecto político más amplio.
Otro punto de discordia es la inclusión de infraestructura relacionada con actividades económicas en la categoría de «objetivos estratégicos». Esto ha generado preocupación en las comunidades locales y sectores sociales, quienes temen que estas disposiciones puedan usarse para reprimir manifestaciones, desalojos o protestas sociales. La administración de Millay ha criticado los bloqueos como forma de protesta y ha calificado de «terroristas» a los manifestantes y a las comunidades locales que defienden sus territorios.
Un cambio de paradigma en defensa
El gobierno de Millay ha impulsado un cambio de paradigma en la política de defensa y seguridad, con mayor inversión en el ejército, el regreso de los desfiles militares y la difusión de mensajes que elevan el papel de las fuerzas armadas. El Día del Recuerdo, que honra a las víctimas de la última dictadura militar, se emitió un polémico vídeo que generó críticas por su tono reivindicativo hacia los militares.
De su relato de las turbas o los corruptos.
Debate abierto
Los cambios a la Ley de Defensa Nacional han renovado el debate sobre el papel de las fuerzas armadas en la democracia argentina. Si bien el gobierno de Millay dice que estas medidas buscan proteger los «intereses vitales» del país frente a nuevas formas de conflicto, los críticos advierten sobre los riesgos de desdibujar las líneas entre defensa y seguridad interna, un principio que ha sido clave en la transición democrática desde la dictadura militar de 1976-1983.
El impacto de estas medidas en la sociedad y los derechos humanos será un tema central en los próximos meses mientras Argentina enfrenta un contexto de profundo cambio político y social bajo el gobierno de Millay.
