La Asamblea Nacional de Nicaragua dio luz verde rápidamente a una ley que confiere al Estado completo control sobre un corredor de 15 kilómetros a lo largo de todas sus fronteras, tanto en tierra como en mar. La propuesta normativa fue introducida por legisladores sandinistas y sus socios, y fue aprobada de manera unánime durante la sesión legislativa.
De acuerdo con lo indicado por los legisladores, el propósito fundamental de la Ley de Territorio Fronterizo es asegurar la soberanía, la integridad geográfica y la seguridad nacional. La banda que se extiende desde cada límite fronterizo habitual hacia el interior del territorio será considerada como parte del territorio exclusivo del Estado nicaragüense. Esta disposición pretende formalizar el control en una región esencial para prevenir actividades ilegales transfronterizas, como el tráfico de drogas, el lavado de dinero y la trata de personas.
La nueva legislación deroga la antigua Ley de Régimen Jurídico de Fronteras (Ley 749), simplificando el régimen anterior. En lugar de dividir la zona en subregiones con regulación mixta entre lo público y lo privado, la normativa actual centraliza la vigilancia en manos del Estado y, particularmente, bajo la responsabilidad del ejército. De esta manera, las autoridades buscan fortalecer la coordinación institucional para responder a amenazas externas y a la creciente inseguridad en zonas límite.
Los legisladores del partido gobernante han respaldado la modificación diciendo que no impacta a los habitantes locales ni restringe sus acciones diarias en la zona. Afirman que sus derechos para residir, laborar o hacer negocios continúan, siempre bajo el nuevo conjunto de regulaciones estatales.
Este cambio legislativo tiene lugar en un ambiente regional caracterizado por políticas represivas parecidas. El gobierno de Managua ha consolidado en años recientes una estructura institucional de monitoreo y control, claramente manifestada desde la modificación de la Ley de Migración y el Código Penal, que castigan el cruce fronterizo por rutas no permitidas con cárcel y multas. Estas políticas han provocado tensiones con naciones vecinas, especialmente Costa Rica, a donde miles de nicaragüenses han buscado asilo o un paso seguro.
Los especialistas en derechos humanos y entidades internacionales han acusado al gobierno nicaragüense de implementar un plan sistemático para afianzar el dominio territorial y estatal, mientras socava los balances institucionales. La ONU alertó que el régimen ha eliminado las barreras institucionales finales que limitarían su poder, y que maneja un sistema de inteligencia y represión destinado a identificar, monitorear y silenciar a quienes critican.
Desde diciembre pasado, el Gobierno legalizó la práctica de negar la entrada o salida a ciudadanos considerados opositores. Decenas de exiliados, periodistas y activistas han sido desterrados de facto o vetados en los aeropuertos nacionales, en un mecanismo que ahora cuenta con respaldo legal y sanciones formales. Se han documentado múltiples casos de ciudadanos a quienes se les impidió regresar al país, incluyendo mujeres, niños y personas sin vínculo político, lo cual ha generado alarma internacional.
En paralelo, en zonas como la Reserva Biológica Indio Maíz y el Refugio Río San Juan, se han denunciado ocupaciones ilegales de tierras por colonos respaldados por el Gobierno. La tala y minería clandestina apoyada por programas estatales ha generado desplazamientos indígenas y una crisis ambiental en la frontera con Costa Rica, evidenciando una expansión territorial respaldada por el aparato del Estado.
El estatuto aprobado en este mes no solo establece un control territorial, sino que también refuerza un sistema político que centraliza el poder en el Ejecutivo y aumenta su dominio sobre el Ejército y otras entidades. En marzo anterior, un cambio constitucional promovió a la vicepresidenta Rosario Murillo al rango de líder máxima de las fuerzas armadas, fortaleciendo la asociación con el presidente Daniel Ortega.
Aunque el Congreso argumenta que estas políticas refuerzan la seguridad del país, críticos alertan sobre el peligro de militarización y represalias locales. La unión institucional entre el partido y el Estado ha provocado un aislamiento mundial. Nicaragua ha sido apartada de entidades como la ONU, la OEA, la FAO y la UNESCO. Grupos de derechos humanos reportan infracciones sistemáticas a las libertades civiles y una crisis institucional que impacta a miles de ciudadanos.
Con la reciente normativa, la nación avanza formalmente hacia un sistema de control fronterizo estatal total. La demarcación de la zona implica una militarización legal de áreas tradicionalmente abiertas, representando una afirmación simbólica y práctica de autoridad que modifica la lógica territorial del país. En un escenario donde el exilio y la represión continúan en aumento, esta acción fortalece la narrativa de un poder central casi ineludible.
Nicaragua entra así a una nueva fase de supervisión territorial, una etapa jurídica que consolida una soberanía simultáneamente simbólica y represiva, con efectos directos sobre comunidades fronterizas y la política exterior regional.