El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está llevando a cabo negociaciones abiertas y transparentes con los trabajadores sociales para reformar la jubilación a tiempo parcial. Los sindicatos ven un estancamiento en la mesa del diálogo social, que también se refiere a la supresión de los contratos intermitentes permanentes, el acceso a la jubilación anticipada para trabajos duros o tóxicos y las condiciones de jubilación antes de la edad legal.
La jubilación parcial anticipada, que permite una transición gradual al mercado laboral y la compatibilidad del salario con un porcentaje de la pensión, es uno de los puntos controvertidos. El gobierno plantea una exigencia polémica: aumentar el período de aseguramiento de 33 a 34 años para acceder a esta modalidad temprana, que no cuenta con el apoyo de los sindicatos.
Los sindicatos dicen que la medida penaliza a los trabajadores, especialmente a las mujeres, que normalmente tienen una base regulatoria más baja o ingresaron más tarde al mercado laboral. También se considera la jubilación anticipada por motivos profesionales para aquellos trabajadores que desempeñan puestos de trabajo especialmente difíciles, peligrosos o tóxicos, sin posibilidad de recolocación. La definición de los factores de descuento para estos casos aún está en debate, y se debate si los conductores profesionales o las empleadas domésticas (conocidas como «kellys») pueden beneficiarse de esta reforma.
Existe un consenso general para facilitar el acceso a la jubilación a los trabajadores con contrato indefinido interrumpido que tengan actividad intermitente o periódica en sectores como la hostelería o el turismo. El gobierno se ha comprometido a restablecer un factor de 1,5 para estos trabajadores, lo que significa que cada día trabajado contará como uno y medio.
Carlos Bravo, representante de CCOO, expresó que hay signos de zozobra y anticipación en las negociaciones. «Por el momento, tanto los elementos de progreso como las preocupaciones nos hacen cuestionar si esta cuestión (en referencia a un acuerdo antes del 31 de julio) se puede resolver, pero continuaremos trabajando en ello en los próximos días para ver si se puede llegar a un acuerdo». alcanzado», afirmó Bravo, secretario de Políticas Sociales de CCOO.
El Ministerio de Pensiones ha facilitado información oral y escrita a los interesados. En la última reunión presentó algunos textos y se comprometió a enviar un borrador completo a los agentes sociales. «Revisaremos punto por punto (…) y estamos convocados para otra reunión el próximo lunes 29 de julio», afirmó Cristina Esteves, secretaria de Política Institucional de UGT.
