Cuatro funcionarios del sistema judicial nicaragüense se encuentran desaparecidos desde hace más de cinco meses desde su detención el 5 de abril de 2024. Estos funcionarios son Sayda María Sequeira Vanegas y su compañero Domingo Antonio Munguia Carrion, así como Brenda Yajoska Sequeira Vanegas y Ovidio Yoan Aguirre. Hertecho. La situación fue denunciada como un acto de desaparición forzada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Según información de fuentes cercanas al poder judicial, la detención de Brenda y Ovidio está relacionada con su renuncia a sus cargos, motivada por el descontento con las reformas salariales y la pérdida de beneficios laborales. Se ha planteado la posibilidad de que la pareja emigre a Estados Unidos, donde tienen familiares dispuestos a ayudarlos a establecerse. Por otro lado, Saida y Domingo continúan cumpliendo sus roles, pero están conectados con Brenda y Ovidio por vínculos familiares, ya que Brenda y Saida son hermanas.
Brenda Jahoska ha trabajado alrededor de 20 años en el sistema judicial, comenzando como conserje y ascendiendo hasta llegar a magistrado adjunto Armengol Cuadra. Su esposo, Ovidio Aguirre, tenía 16 años de experiencia en la institución y al momento de su renuncia era asesor jurídico de la Corte Suprema. Ambos eran miembros activos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y recibieron sus carnés de afiliados.
A pesar de su situación, Brenda y Ovidio no han podido recibir visitas familiares desde su arresto. Actualmente, Brenda sólo puede recibir paquetes cada quince días en el penal La Esperanza, mientras que Ovidio está detenido en La Modelo, donde también recibe paquetes pero no visitas.
En cuanto a Saida y Domingo, ella ha trabajado en el sistema judicial durante 12 años y ocupó el cargo de asistente en los tribunales de Managua. Aunque era miembro del FSLN y participaba en actividades partidistas, Sayda no había renunciado a su cargo al momento de su captura. Tampoco ha recibido visitas familiares y sólo puede recibir paquetes cada dos semanas.
Domingo, por su parte, fue conductor de magistrado y trabajó en la Policía Nacional antes de ingresar a la judicatura. Desde su captura no ha tenido contacto con su familia, ni siquiera a través de envíos de paquetes.
Los cuatro detenidos no son figuras destacadas del sistema judicial y no se han presentado cargos formales contra ellos. Su arresto se enmarca en un contexto más amplio de despidos masivos en el poder judicial que han afectado a más de mil trabajadores desde octubre de 2023.
La falta de información sobre su paradero y el silencio del gobierno sobre su situación han generado preocupación entre los familiares y los grupos de derechos humanos, que ven el caso como un ejemplo más de la represión y el control del régimen.
